El 10 de junio de 1829 las autoridades nacionales de Buenos Aires bajo la presidencia de Martín Rodríguez, expidió el decreto disponiendo que, “Las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, en el mar Atlántico, serán regidas por un Comandante Político y Militar.” Los fundamentos de este decreto expresaban que España había tenido la posesión material de esas Islas:

            “....hallándose justificada aquella posesión por el derecho de primer ocupante, por el consentimiento de las principales potencias marítimas de Europa, y por la adyacencia de estas islas al continente que formaba el Virreinato de Buenos aires, de cuyo gobierno dependían. Por esta razón, habiendo entrado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias la antigua metrópoli, y de que gozaban sus virreyes, he seguido ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas.”

Acto seguido, Luis Vernet es nombrado “Comandante Político y Militar” de las Malvinas. Vernet ya venía realizando una intensa acción colonizadora en las islas (no sin superar enormes dificultades) y, para 1826, había logrado asentar una población de un centenar de personas. Atento a esos méritos, el gobierno argentino lo nombró gobernador, con atribuciones civiles y militares.

LA USURPACIÓN.

            La empresa dirigida por Luis Vernet merece de una atención detallada como otra entrada específica en la página. Pues no hemos de profundizar en su obra en este momento. Acorde a lo desarrollado hasta aquí, nos interesa elaborar el proceso que condujo al desalojo militar británica de la colonia argentina en Puerto Soledad, hecho culminante de la usurpación de las islas.

            El decreto del 10 de junio de 1829 fue el disparador de los acontecimientos que tendrían su desenlace final el 2 de enero de 1833.

Gran Bretaña protesta.

            Al tomar conocimiento del decreto citado, el Encargado de Negocios del Reino Unido en Buenos Aires, el Sr. Woodbine Parish, lo informó a su gobierno adjuntando los antecedentes del asunto y los supuestos títulos que, a su juicio personal, tenia la Gran Bretaña sobre el territorio en cuestión. A vuelto de correo recibió la debida autorización para presentar una protesta formal al ministro argentino de Negocios Extranjeros, Tomás Guido.

La nota elevada sostenía:
            “.....los derechos de soberanía de Su Majestad Británica sobre las islas Malvinas. Estos derechos fundados en el primer descubrimiento y subsiguiente ocupación (¡¡) de dichas islas, fueron sancionadas por la restauración del establecimiento británico por Su Majestad Católico en el año 1771”. – Continúa diciendo- “El retiro de la fuerza de Su Majestad (Británica) en el año 1774 no puede considerarse como una renuncia a los justos derechos de Su Majestad.(¡¡)”  La misiva cerraba con una serie de apreciaciones en protesta contra la posesión argentina del archipiélago y rechazaba todo acto realizado en las islas que perjudicaba “los derechos de soberanía que hasta ahora ha ejercitado la Corona de la Gran Bretaña.”

            Aquí vale poner las cosas en su justo lugar. La nota de Parish contiene una mezcla de engaños y tergiversaciones para defender lo indefendible. Como hemos visto más arriba, no resiste ningún análisis que el Reino Unido pudiera defender un supuesto título de soberanía de las islas basado en el primer descubrimiento y ocupación del territorio (el descubrimiento no otorga título de dominio y el dudoso descubrimiento inglés fue precedido por el español). Luego, la presunta “primera ocupación” ocurrirá 174 años después del “descubrimiento” de Davis y dos años posteriores a la ocupación francesa de 1764. A continuación, como sí esos títulos bastaran para detentar la soberanía legítima, sigue alegremente con la mentira manifiesta que tales “derechos” fueron sancionados o reconocidos por España al devolvérselo Puerto Egmont, dejando de lado que la autorización española fue otorgada bajo reserva de su propia soberanía, y que luego de una breve presencia inglesa en la isla Trinidad, se produjo el abandono en un silencio total, como así también, una ausencia de las islas durante 55 y 59 años respectivamente.

            Sin embargo, lo más notable de las omisiones intencionales de esa nota es el de echar a mala parte la ocupación simultánea anglo-española en las islas hasta 1774  y la exclusiva soberanía de España desde el siglo XV, reconocida y respetada hasta el año 1829. La misiva de Parish había sido redactada en Londres y, en honor de la verdad, vale más por lo que no dice que por sus afirmaciones expresas.

            Recordaremos que tan solo cuatro años y medio ante de esa protesta, el 2 de febrero de 1825, el Reino Unido había firmado el Tratado bilateral de Amistad y Comercio como un “efecto asimétrico” del reconocimiento pleno de la independencia Argentina y, lógicamente, la existencia de los limites territoriales propios de ella. Dentro de esos limites estaban las islas Malvinas, las cuales se había tomado posesión formal en 1820 en presencia de testigos ingleses que elevaron informes a Londres sobre éste y otros actos de soberanía como la reglamentación de la pesca, el nombramiento y arraigo de autoridades en el territorio.

            El 25 de noviembre de 1829, el Ministro argentino Tomás Guido, contestó la nota de Parish con la promesa de estudiar el reclamo realizado. A causa del caos interno reinante en ese momento, el gobierno argentino no respondió a Parish y éste no insistió en obtener una respuesta oficial  (aunque sea negativa), puesto que era obvia la inequívoca voluntad de mantener y apoyar la colonia argentina en las islas ya fundada en el mes de julio por Louis Vernet

Con ánimo de investidura de Gobernador.

            Con su carácter progresista, el Gobernador Vernet consolidó y hizo que aflórese el establecimiento de Puerto Soledad (Louis). El problema mayor para su prolija administración era la depredación de los recursos marítimas naturales de las islas y con ánimo de imponer su autoridad y hacer respetar la reglamentación vigente en la materia, en agosto de 1831, detuvo tres buques norteamericanos dedicados a la pesca y caza furtiva en las costas y mares de las islas. Luego del arresto, y de acuerdo con lo pactado con los capitanes infractores, embarcó en uno de ellos, el “Harriet” con destino a Buenos Aires para someterlo a los tribunales de aquella ciudad capital. Intervino pues, el Cónsul interino de los Estado Unidos, George W. Slacum, quien desconoció el derecho argentino a reglamentar la pesca en Malvinas. Slacum impartió ordenes al comandante de la corbeta “Lexington”, Silas Duncan que hiciese al mar rumbo a Puerto Soledad para defender rigurosamente los intereses de los pescadores ilícitos norteamericanos y el comercio de los Estados Unidos en la zona.

Saqueo en Puerto Soledad.

            La  corbeta “Lexington” llegó a Puerto Soledad el 28 de diciembre de 1831 bajo bandera francesa. Solo después de echar anclas izó su insignia verdadera. Duncan y su tripulación bajó a tierra y con una furia descomunal se dedicó a destruir cuantos bienes existían en la Colonia, levando presos-rehenes a 7 oficiales argentinos.

            Esto fue un verdadero acto de piratería cometido bajo un pabellón que no es del estado que los comisionó, llevado a cabo de la manera más impetuosa y atropellada, sin justificativo alguno, al cual el gobierno argentino protestó y reiteró reclamos a los Estados Unidos con relación a este incidente. Con la misma inmutabilidad y desdén por el derecho internacional que manifiesta aun hoy, el gobierno de los Estados Unidos hizo caso omiso a las protestas argentinas. Sin bien, el gobierno estadounidense no hizo lugar a los derechos argentinos, la Corte Federal de Massachussets (USA) resolvió: “....que sin el orden expreso de su Gobierno, tal oficial no tenía ningún derecho a penetrar en el territorio de un país en paz con los Estados Unidos y apoderarse de propiedades allí reclamados por ciudadanos de los Estados Unidos.”

            En vista de los hechos, los Estados Unidos no tenían derecho alguno a disputar la soberanía argentina sobre las islas. El desafío norteamericano a la legítima soberanía argentina sobre las Malvinas, en violación del derecho internacional, no afecta en ninguna forma el título legal de la Argentina sobre las mismas.

El desorden político allana el camino a la usurpación.

            A continuación del ataque de Duncan contra la colonia argentina en Puerto Soledad, el gobierno de Buenos Aires nombró a Juan Esteban Mestivier como gobernador de las islas y lo envió con nuevos colonos a Puerto Soledad. El gobernador Mestivier y los nuevos colonos zarparon hacia las Malvinas en el “Sarandi”, un buque de la Armada Argentina. El comandante del “Sarandí”, José María Pinedo, recibió instrucciones de permanecer en las islas para proteger el asentamiento.

Amotinamiento y asesinato.

            Poco tiempo después de la llegada del Gobernador Mestivier a Puerto Soledad, se produjo una sedición de los soldados de la guarnición que resultó en la muerte violenta de Mestivier antes los ojos horrorizados de su mujer e hijo pequeño. Seis días después de este hecho, Pinedo regresó a Puerto Soledad de una navegación de reconocimiento y patrullaje de las islas. Enfrentado con un cuadro de miedo y desazón en los pobladores, Pinedo sofocó la insurrección y asumió el mando de la Colonia internándose en la isla Soledad en búsqueda de los asesinos de Mestivier. Mientras tanto, el Capitán de Marina inglés Onslow aproximaba a la Colonia.

            Nuevamente, las Malvinas volvieron a ser un foca de atención internacional. Hacia tres años ya, que los ojos rapiños del gobierno inglés les miraban con creciente atención. Impulsado por los informes incitativos de Parish y por el argumento de contar con un puerto de escala interoceánico en el Atlántico, las islas comenzaron a recobrar importancia en la política expansionista inglesa. A principios de 1832, Parish regreso a Londres con la noticia del ultraje norteamericano en Puerto Soledad y de que ya no existían autoridades argentinas en Malvinas (Duncan les habían engrillados en las bodegas del “Lexington” y se les llevó a Montevideo).

            La suma de estos sucesos motivó el envio de una flotilla de ocupación a las islas. Quizás, la creencia de que los mismos Estados Unidos podrían efectuar su propia ocupación del archipiélago reforzó la decisión inglesa de ocuparlas.

El ataque inglés.

            Sea como fuere, el 20 de diciembre de 1832 el Capitán de Marina, John James Onslow, al mando de la corbeta “H.M.S.Clio” llegó a Puerto Egmont acompañada por el “H.M.S. Tyne”. Intentó restaurar el antiguo fortín británico en la Isla Trinidad, pero sin éxito. Así pues a los pocos días, llevó anclas y se enfiló hacia Puerto Soledad en la Malvina Oriental, la isla mayor de todo el grupo y en la que los británicos jamás habían tenido un asentamiento.

            Ni bien el “H.M.S. Clio” detuvo su marcha en la bahía de Puerto Soledad, el 2 de enero de 1833, el capitán Onslow evaluó la situación y ajustó a las instrucciones recibidas en Río de Janiero. De encontrarse en Puerto Soledad fuerzas extranjeras (argentinas) inferiores a las suyas debía desalojarlas por el medio necesario. Si éstas fuerzas eran superiores, se limitaría a presentar una protesta por su presencia en la que se reservaría el derecho del uso de la fuerza para “recuperar” las islas.

            Onslow mandó una delegación a la goleta “Sarandí”, a metros de su paradero, informando a Pinedo que había venido a tomar posesión de las islas que según él pertenecían a Gran Bretaña. Asimismo, Onslow demandó el repliegue inmediato de la guarnición y colonos argentinos y exigió que “....el pabellón entonces flameando en el mástil de  la Plaza de la Colonia, fuera arriada.”

            Pinedo fue tomado totalmente por sorpresa, pensando que la delegación que subió al “Sarandi” era una visita protocolar del buque visitante. Reponiéndose de la inesperada situación, protestó vigorosamente y mandó a decirle a Onslow que “Dado que los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña estaban en paz y amistad, el acontecimiento era de la más extraordinario y que su deber no le permitiría consentir a esa injusta pretensión británica.”

            La respuesta de Pinedo a Onslow, dio lugar a un intercambio de notas formales entre las partes que culminó en un ultimátum de Onslow exigiendo a Pinedo que se retirara de inmediato advirtiéndole que “...el podía ver la fuerza de que disponía y que estaba en la espera de refuerzos.” Sobre la base de una pronta llegada de refuerzos ingleses, Pinedo emprendió la retirada negando arrear la bandera argentina y impartiendo la orden a los colonos que quedaban, de no arrearla.

La Corbeta “Clio” no prolongó su estadía.

            Cumplido su misión, Onslow permaneció pocos días en Puerto Soledad cuando el también se retiró del lugar.  Dejó la población en el mayor desamparo y anarquía, nombrando un viejo lugarteniente del Gobernador Vernet, Matthew Brisbane, como administrador interino del asentamiento. Luego, el inglés Brisbane junto con un irlandés, Dickson, el criollo Juan Simón y otros dos colonos el uno alemán y el otro francés, fueron asesinados en el levantamiento del Gaucho Rivero en agosto del mismo año.

Conclusiones.

            A la luz de los hechos ya presentados, es razonable deducir que la apropiación violenta británica de las Malvinas en 1833 fue totalmente ilegal y sin el apoyo de ningún factor jurídico. Fue llevado a cabo con la conducta que el derecho internacional ya había condenado por largo tiempo. Al momento del delito, las islas eran una parte integral de la República Argentina y el Reino Unido tomó las islas arrebatándoselas a un estado independiente que había heredado título de España, perfeccionando dicho título a través de la toma de posesión del 20 de noviembre de 1820. En el momento del despojo inglés, la Argentina se encontraba en posesión efectiva y real de las Malvinas, y habían autoridades y colonos argentinos establecidos en ellas que fueron expulsados por Gran Bretaña.

            Es igualmente importante rescatar aquí que la ilegalidad de la invasión británica, al tomar las islas en 1833, ha sido reconocida por varios historiadores, académicos y asesores legales comisionados por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña a realizar investigaciones sobre el asunto, intentando a encontrar fundamentos jurídicos favorables para el accionar británico. Sin embargo, el eminente jurista internacional Emer de Vattel (Suiza 1714 – 1767), asentó jurisprudencia para estos casos cuando declaró que “...ninguna Nación tiene el derecho de expulsar a otra gente del país que habitan con el propósito de asentarse ella misma en él.”

            Bajo la doctrina de Vattel y de acuerdo a las normas del derecho internacional de los siglos 18 y 19, la toma británica de las Malvinas en 1833 fue absolutamente ilegal, y que esa ocupación por si sola no brinda el sustento jurídico para la adquisición de título legal a ellas.

            Por otra parte, la presencia británica en el territorio argentino de las Islas Malvinas sigue siendo ilegítima porque nunca fue legalizada por la Argentina después de la consumación de la apropiación ilícita.